México firmo el polémico acuerdo ACTA (Acuerdo Comercial Contra la Falsificación), es una última acción del saliente Gobierno de Calderón, diferentes medios publican que este acuerdo traerá beneficios pero la realidad parece ser otra ya que es una acción en contra de la libertad de expresión y de la democratización de la misma a través de Internet, afirma Octavio Islas, Director de investigación World Internet Project México.
La decisión de firmar el acuerdo que Europa rechazó apenas el 4 de julio y que otros países como Alemania han reconsiderado, es el triunfo de la vieja industria de telecomunicaciones que ejercieron presión para mantener el tradicional modelo de distribución de información, lo que afectará a toda la industria, especialmente la emergente creadora de software y al usuario.
Firmar ACTA es la abdicación absoluta del gobierno de Felipe Calderón a temas sensibles para la democratización de Internet y revela una complicidad terrible con grupos interesados en censurar la libre expresión con la violación de las leyes de propiedad.
Esta decisión va a afectar el desarrollo de Internet aunado a otros problemas para la industria, el encarecimiento del ancho de banda, la industria de desarrollo de software abierto e industrias emergentes, es decir, va a impedir que nuevos jugadores entren al sector que está permitiendo el crecimiento acceso a la sociedad de la información.
A nivel de usuario, considera el experto, la firma de ACTA derivará en un terrorismo cibernética al amparo de la defensa de los derechos de propiedad. Cualquiera que sea considerado como un elemento que atenta contra los derechos intelectuales, podría ser perseguido. Con esto, afirma, se pierden espacios de libertad que son muy importantes para el crecimiento democrático de cualquier país.
¿Qué es el ACTA?
Este documento plantea regular la distribución de material con copyright a través de medios digitales, por lo que algo tan simple como compartir fotos en redes sociales puede ser causal para que un usuario se quede sin internet.
ACTA funciona con un formato de tres sanciones previas en las que un proveedor de servicios de internet podrá verificar la información que intercambian sus usuarios y en la tercera ocasión que se le sorprenda distribuyendo contenido “ilegal”, se le cortará la conexión a la red. No sólo eso, el internauta quedaría marcado en una “lista negra” que impediría que otro proveedor de internet le dé servicio hasta por un año. Ante ello, espera que los proveedores de servicios de red, se opongan a entregar datos sobre los usuarios y que los organismos que defienden la Sociedad de la Información hagan sentir su peso presentando propuestas y alternativas que permitan al nuevo gobierno tomar una mejor decisión al respecto.
Si bien habrá que esperar las reacciones de instituciones defensoras de internet como un derecho humano, en las redes sociales el efecto no se ha hecho esperar. Estos medios se han vuelto el nuevo termómetro de opinión pública.Las redes sociales pudieran contener a un Estado que abrirá una brecha conraproducente para la industria, los grandes creadores de Internet, hacia una supervisión ociosa que no se debe permitir. ¿Tú que opinas? deja tus comentarios.
